LAS EMPRESAS PÚBLICAS, UN MODELO POLITIZADO

UPyD viene defendiendo una adecuada separación entre la Administración Pública y la Política. Desde esta visión hemos reclamado para nuestro municipio la eliminación de los cargos de confianza que en nuestro municipio suponen, según datos del sindicato CCOO, unos tres millones de euros a las arcas públicas del consistorio getafense.

Profundizando en esta línea, ampliamos esta propuesta para incluir a las empresas públicas. Como todos conocemos, en nuestro municipio tienen ese rango GISA (Getafe Iniciativas Sociedad Anónima), LYMA (Limpiezas y Medio Ambiente) o la EMSV ( Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda). Estas empresas son dirigidas no sólo por un consejo de administración formado por los diferentes miembros del Pleno Municipal, como corresponde a su rango, sino que los mandos intermedios de dichas empresas también son personas vinculadas a los partidos políticos tanto del Gobierno Municipal como de la oposición.

En los documentos aprobados en el último Congreso de UPyD encontramos la propuesta de evitar que los partidos utilicen las instituciones como “agencias laborales” para dotar de empleo a sus militantes. En la misma línea de despolitización del servicio público, el programa electoral con el que UPyD concurrió a las elecciones de 2008 propone un modelo de Administración Pública separada de la política, “profesional, transparente, responsable, evaluable, eficiente y eficaz, lo que es compatible con ser muy exigentes con la mejora constante de la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos, así como en la garantía de unas condiciones de acceso objetivas y rigurosas”. Este es el modelo que establece nuestra Constitución en su artículo 103.1.

Por ello, entendemos que los niveles de politización de las empresas públicas en Getafe vulneran la necesaria separación entre Administración y partidos políticos y defendemos la creación de mecanismos de control en los procesos de selección en estas empresas, así como la autonomía de gestión de los gerentes de estas empresas públicas cuyas actuaciones solo deben estar sujetas al control político del máximo órgano de decisión municipal, el Pleno.

Por último, no podemos dejar de mencionar otro aspecto mejorable en el funcionamiento de las empresas públicas: el reparto de tareas entre los socios de Gobierno PSOE e IU ha dado lugar a duplicidades entre las funciones de algunas concejalías y las empresas públicas de su área. Por ejemplo, en el reparto de las competencias entre la Concejalía de Medio Ambiente y la empresa LYMA se producen duplicidades o no está clara la distribución de funciones y el trasvase de cargos de confianza entre concejalías y empresas públicas es evidente. Por ello defendemos que se desvincule la gestión de las empresas de la dirección política de la misma, dotando a estas empresas de autonomía de gestión para llevar a cabo los objetivos fijados.

A VUELTAS CON LA VIVIENDA

Recientemente hemos sabido que más de un 30 por ciento de solicitantes de vivienda protegida inscritos en la lista del Ayuntamiento para optar a una vivienda promovida por la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda(EMSV) han causado baja al ser llamados para la firma del contrato. La inmensa mayoría por no poder hacer frente al pago de la misma. A ellos habría que añadir aquellos solicitantes de esa misma lista que fueron derivados por el Ayuntamiento a las oficinas de cooperativas y otros promotores adjudicatarios de suelo en Los Molinos y Buenavista, muchos de los cuales han renunciado también por la misma razón. Aunque no hay datos para estos últimos, cabe suponer que, sumados, el porcentaje de bajas aumentaría.

No nos sorprende que, teniendo que hacer un desembolso inicial de 25.680 euros en el plazo de 3 semanas, las bajas sean numerosas. A ello hay que añadir que en el contrato que han debido firmar los compradores se establece que la EMSV se reserva el derecho a quedarse, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, con el 30 por ciento de las cantidades aportadas por los compradores que posteriormente renuncien a la vivienda. Vivienda, por cierto, de la cual ignoran sus características básicas tales como superficie, situación o número de dormitorios, lo que hace que esa cláusula, además de abusiva, sea de dudosa legalidad.

Lo que más llama la atención del plan municipal de vivienda es que, siendo el suelo propiedad del Ayuntamiento, resultado de las cesiones legales que le corresponden en los desarrollos urbanísticos, las viviendas tengan precios similares a las de los promotores privados que han debido hacer frente al pago del suelo y, además, que las aportaciones iniciales de los compradores sean de una cuantía tan elevada, teniendo en cuenta que éstas van destinadas al pago del suelo, que es el primer gasto importante de cualquier promoción. Ya sabemos que la EMSV paga el suelo al Ayuntamiento, pero recibe del mismo la dotación presupuestaria para pagarlo. Por lo tanto, esa aportación inicial irá destinada a otros gastos de la promoción que se producirán en el desarrollo de la misma, no inmediatamente. ¿Por qué, entonces, esa entrada tan elevada al firmar el contrato que ha forzado a tantos solicitantes a darse de baja? Esto no nos cuadra.

Al menos, podrían reconocer que no están desarrollando ningún plan social de vivienda. Su comportamiento es el de cualquier empresa privada, con el añadido de que se trata de una empresa privilegiada que recibe del Ayuntamiento la dotación para el pago del suelo, que, por cierto, pertenece al Ayuntamiento. Rocambolesco y todo menos social. Para tratarse de un plan social ( que sería lo propio porque las cesiones legales están concebidas para facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos), el suelo debería cederse gratis, en derecho de superficie, o, preferiblemente, destinarse a viviendas en alquiler con opción a compra. Esto sí solucionaría el problema de los demandantes de vivienda en Getafe, la mayoría con salarios que hacen imposible la compra de una vivienda, incluso de protección pública básica. El Plan Vivienda Joven de la Comunidad, con 1.100 viviendas previstas en esos barrios en la modalidad de alquiler con opción a compra, es claramente insuficiente para la necesidad existente.

Para hacer vivienda pública hace falta dotación presupuestaria porque los alquileres no amortizan el coste sino a muy largo plazo, se nos puede decir. Echemos un vistazo al presupuesto para 2009 y veremos que hay partidas muy infladas o superfluas para gastos de los que la mayoría de los getafenses prescindirían a gusto a cambio de ver resuelto el problema de la vivienda. Pero esto del presupuesto merece tratamiento aparte.