EL CULEBRON DEL ROSON

Podemos ver en varios periódicos que el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22, José Manuel Ruiz, ha anulado el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y los propietarios del Rosón, por el cual los propietarios deberían haber cedido un 10% del terreno al Ayuntamiento. En lugar de hacer esto, los dueños pagaron el valor de esos terrenos, algo que el Ayuntamiento aceptó y que ha sido la primera causa de la anulación por parte del juez, que no entiende por qué se recurrió al pago en lugar de lo que establece la ley, que es la cesión de suelo en parcelas edificables. Este tipo de compensación monetaria sólo se debe establecer si la cesión de dichas parcelas no puede realizarse, pero para ello hay que alegar motivos justificados, que el Ayuntamiento nunca explicó. Por tal motivo, se está pidiendo que el anterior concejal de Urbanismo, Santos Vázquez, dé explicaciones sobre este hecho.
Además, la tasación del valor del suelo debe ser realizada por técnicos municipales, y nuestro por entonces Concejal del Área de Desarrollo Económico, David Castro, contrató a una empresa externa para hacerlo, segundo motivo para la anulación del convenio, ya que esta acción no respeta la legislación vigente. Es más, el Ayuntamiento dispone de medios técnicos y humanos para realizar la tasación. Entonces ¿cuál fue el motivo para contratar un servicio externo? Pero la cosa no acaba ahí: la empresa contratada realizó la tasación por debajo del valor que se aplicó por parte de los propietarios para la venta de los mismos terrenos a Mapfre Inmobiliaria: una cantidad que varía entre los 1.800 y 2.300 euros/m² frente a los 1.140 euros/m² que se tasaron para el Ayuntamiento. En total, se supone que se dejaron de cobrar 15 millones de euros.
Y aquí no acaba todo: el Ayuntamiento ha contratado a un antiguo asesor de PSG y catedrático de la Universidad Carlos III, Luciano Parejo, que realizará un informe jurídico en el que basar la apelación para recurrir la sentencia judicial. Según algunas fuentes no especificadas en los periódicos, el informe podría costar otros 20.000 euros que saldrían de las arcas municipales, si bien está por confirmar, ya que otras fuentes informan de que dicho asesor tiene un convenio con el Ayuntamiento y recibe una cantidad anual para la realización de servicios como éste.
En resumen, nos encontramos con un Ayuntamiento que acepta dinero sin justificación en lugar de aceptar unos terrenos que le corresponden por cesión, que contrata con dinero público a una empresa externa para tasarlos teniendo que hacerlos con sus propios medios, de los cuales dispone, que acepta una tasación muy por debajo de mercado perdiendo 15 millones de euros, y que se puede dar el lujo de contratar a un asesor por otros 20.000 euros para que recurra todo lo que se ha hecho mal desde el principio. Y, lo que es más significativo, los integrantes de la Junta de Compensación de El Rosón son empresas vinculadas presuntamente a ex concejales socialistas, dato que explica todo lo demás.
Si todo ese dinero, el que se dejó de ganar y el usado para asesores externos, se gastara para otros fines, quizá no habría que subir impuestos, quizá no estarían tantas calles en estado total de abandono, quizá tendríamos mejores equipaciones en cada barrio, quizá se podrían crear puestos de trabajo... Y, por supuesto, si el suelo producto de las cesiones se usara para hacer vivienda pública, habría concordancia entre el pretendido interés por solucionar el problema del acceso a la vivienda para los más desfavorecidos, de que hace gala el gobierno municipal, y la cruda realidad, que muestra lo contrario

A VUELTAS CON LA VIVIENDA

Recientemente hemos sabido que más de un 30 por ciento de solicitantes de vivienda protegida inscritos en la lista del Ayuntamiento para optar a una vivienda promovida por la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda(EMSV) han causado baja al ser llamados para la firma del contrato. La inmensa mayoría por no poder hacer frente al pago de la misma. A ellos habría que añadir aquellos solicitantes de esa misma lista que fueron derivados por el Ayuntamiento a las oficinas de cooperativas y otros promotores adjudicatarios de suelo en Los Molinos y Buenavista, muchos de los cuales han renunciado también por la misma razón. Aunque no hay datos para estos últimos, cabe suponer que, sumados, el porcentaje de bajas aumentaría.

No nos sorprende que, teniendo que hacer un desembolso inicial de 25.680 euros en el plazo de 3 semanas, las bajas sean numerosas. A ello hay que añadir que en el contrato que han debido firmar los compradores se establece que la EMSV se reserva el derecho a quedarse, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, con el 30 por ciento de las cantidades aportadas por los compradores que posteriormente renuncien a la vivienda. Vivienda, por cierto, de la cual ignoran sus características básicas tales como superficie, situación o número de dormitorios, lo que hace que esa cláusula, además de abusiva, sea de dudosa legalidad.

Lo que más llama la atención del plan municipal de vivienda es que, siendo el suelo propiedad del Ayuntamiento, resultado de las cesiones legales que le corresponden en los desarrollos urbanísticos, las viviendas tengan precios similares a las de los promotores privados que han debido hacer frente al pago del suelo y, además, que las aportaciones iniciales de los compradores sean de una cuantía tan elevada, teniendo en cuenta que éstas van destinadas al pago del suelo, que es el primer gasto importante de cualquier promoción. Ya sabemos que la EMSV paga el suelo al Ayuntamiento, pero recibe del mismo la dotación presupuestaria para pagarlo. Por lo tanto, esa aportación inicial irá destinada a otros gastos de la promoción que se producirán en el desarrollo de la misma, no inmediatamente. ¿Por qué, entonces, esa entrada tan elevada al firmar el contrato que ha forzado a tantos solicitantes a darse de baja? Esto no nos cuadra.

Al menos, podrían reconocer que no están desarrollando ningún plan social de vivienda. Su comportamiento es el de cualquier empresa privada, con el añadido de que se trata de una empresa privilegiada que recibe del Ayuntamiento la dotación para el pago del suelo, que, por cierto, pertenece al Ayuntamiento. Rocambolesco y todo menos social. Para tratarse de un plan social ( que sería lo propio porque las cesiones legales están concebidas para facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos), el suelo debería cederse gratis, en derecho de superficie, o, preferiblemente, destinarse a viviendas en alquiler con opción a compra. Esto sí solucionaría el problema de los demandantes de vivienda en Getafe, la mayoría con salarios que hacen imposible la compra de una vivienda, incluso de protección pública básica. El Plan Vivienda Joven de la Comunidad, con 1.100 viviendas previstas en esos barrios en la modalidad de alquiler con opción a compra, es claramente insuficiente para la necesidad existente.

Para hacer vivienda pública hace falta dotación presupuestaria porque los alquileres no amortizan el coste sino a muy largo plazo, se nos puede decir. Echemos un vistazo al presupuesto para 2009 y veremos que hay partidas muy infladas o superfluas para gastos de los que la mayoría de los getafenses prescindirían a gusto a cambio de ver resuelto el problema de la vivienda. Pero esto del presupuesto merece tratamiento aparte.