Afirma Fernando Savater en su libro El valor de educar: “Si lo que nos ofende o preocupa es remediable debemos poner manos a la obra y si no lo es resulta ocioso deplorarlo, porque este mundo carece de libro de reclamaciones.” La vuelta al Estado de las competencias en Educación es una de las propuestas fundamentales de UPyD. Nuestra entrada en los parlamentos autonómicos nos permitirá reclamarla con más fuerza, sin embargo, mientras esa devolución no se haga efectiva, nos pondremos manos a la obra para remediar algunos de los problemas que afectan a la enseñanza.
Madrid no es ajena a los problemas de fracaso escolar que asolan a prácticamente toda España. El gobierno regional ha dejado desplomarse la enseñanza, permitiendo que centros de referencia y prestigio en los años 90 se conviertan prácticamente en guarderías para adolescentes. Es cierto que las reformas educativas -la LOGSE y la LOE promovidas por los gobiernos socialistas- han sido en buena parte responsables del deterioro, pero también es verdad que el nivel educativo de los jóvenes (un indicador europeo que da cuenta de las personas de 20 a 24 años con al menos Bachillerato o FP) ha sufrido en nuestra Comunidad el retroceso más significativo en toda España, cayendo en 5 años del 72% al 65%. Lo que en negro sobre blanco quiere decir que tenemos en Madrid, solo en esa franja de edad, a 130.000 jóvenes sin estudios y con unas perspectivas laborales algo más que complicadas.
Es una percepción extendida que los alumnos de la red pública, provenientes en su mayor parte de las familias de menor renta, han sido los que más han sufrido el deterioro del sistema. Es por tanto preciso exigir al gobierno regional que adopte medidas para que la escuela pública recupere la confianza de los ciudadanos: restablecimiento de la disciplina y el esfuerzo, compromiso firme con los colegios e institutos más desfavorecidos, planes de mejora para toda la red y políticas de escolarización que eviten la segregación de alumnos de integración problemática, entre otras. Un sistema público de calidad es además una excelente herramienta para lograr igualdad de oportunidades, cohesión social, progreso económico y calidad democrática.
Mención aparte merece el nuevo programa de escuelas bilingües. Hay que recordar que la política es el arte de lo posible, y que existen serias dudas acerca de que el nivel de inglés de muchos de los que están impartiendo asignaturas en ese idioma sea el adecuado. Tampoco queda claro si la implantación del programa bilingüe en la Comunidad de Madrid responde a objetivos educativos o es únicamente barniz electoral.
Por último se echa de menos transparencia en las evaluaciones de calidad del sistema. Los resultados de las evaluaciones externas deben ser accesibles para cualquiera que así los solicite, ocultando los datos de los alumnos, pero ofreciendo los de los centros. En un sistema democrático que considera a los ciudadanos como tales, los datos de las evaluaciones no pertenecen a las administraciones educativas que los recogen, sino a todos los ciudadanos. Así éstos tienen la opción de reclamar si un centro no cumple las expectativas. Ante la administración, claro, pues el mundo carece de libro destinado al efecto.
Editorial C.T.
Madrid no es ajena a los problemas de fracaso escolar que asolan a prácticamente toda España. El gobierno regional ha dejado desplomarse la enseñanza, permitiendo que centros de referencia y prestigio en los años 90 se conviertan prácticamente en guarderías para adolescentes. Es cierto que las reformas educativas -la LOGSE y la LOE promovidas por los gobiernos socialistas- han sido en buena parte responsables del deterioro, pero también es verdad que el nivel educativo de los jóvenes (un indicador europeo que da cuenta de las personas de 20 a 24 años con al menos Bachillerato o FP) ha sufrido en nuestra Comunidad el retroceso más significativo en toda España, cayendo en 5 años del 72% al 65%. Lo que en negro sobre blanco quiere decir que tenemos en Madrid, solo en esa franja de edad, a 130.000 jóvenes sin estudios y con unas perspectivas laborales algo más que complicadas.
Es una percepción extendida que los alumnos de la red pública, provenientes en su mayor parte de las familias de menor renta, han sido los que más han sufrido el deterioro del sistema. Es por tanto preciso exigir al gobierno regional que adopte medidas para que la escuela pública recupere la confianza de los ciudadanos: restablecimiento de la disciplina y el esfuerzo, compromiso firme con los colegios e institutos más desfavorecidos, planes de mejora para toda la red y políticas de escolarización que eviten la segregación de alumnos de integración problemática, entre otras. Un sistema público de calidad es además una excelente herramienta para lograr igualdad de oportunidades, cohesión social, progreso económico y calidad democrática.
Mención aparte merece el nuevo programa de escuelas bilingües. Hay que recordar que la política es el arte de lo posible, y que existen serias dudas acerca de que el nivel de inglés de muchos de los que están impartiendo asignaturas en ese idioma sea el adecuado. Tampoco queda claro si la implantación del programa bilingüe en la Comunidad de Madrid responde a objetivos educativos o es únicamente barniz electoral.
Por último se echa de menos transparencia en las evaluaciones de calidad del sistema. Los resultados de las evaluaciones externas deben ser accesibles para cualquiera que así los solicite, ocultando los datos de los alumnos, pero ofreciendo los de los centros. En un sistema democrático que considera a los ciudadanos como tales, los datos de las evaluaciones no pertenecen a las administraciones educativas que los recogen, sino a todos los ciudadanos. Así éstos tienen la opción de reclamar si un centro no cumple las expectativas. Ante la administración, claro, pues el mundo carece de libro destinado al efecto.
Editorial C.T.
