EL CULEBRON DEL ROSON

Podemos ver en varios periódicos que el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22, José Manuel Ruiz, ha anulado el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y los propietarios del Rosón, por el cual los propietarios deberían haber cedido un 10% del terreno al Ayuntamiento. En lugar de hacer esto, los dueños pagaron el valor de esos terrenos, algo que el Ayuntamiento aceptó y que ha sido la primera causa de la anulación por parte del juez, que no entiende por qué se recurrió al pago en lugar de lo que establece la ley, que es la cesión de suelo en parcelas edificables. Este tipo de compensación monetaria sólo se debe establecer si la cesión de dichas parcelas no puede realizarse, pero para ello hay que alegar motivos justificados, que el Ayuntamiento nunca explicó. Por tal motivo, se está pidiendo que el anterior concejal de Urbanismo, Santos Vázquez, dé explicaciones sobre este hecho.
Además, la tasación del valor del suelo debe ser realizada por técnicos municipales, y nuestro por entonces Concejal del Área de Desarrollo Económico, David Castro, contrató a una empresa externa para hacerlo, segundo motivo para la anulación del convenio, ya que esta acción no respeta la legislación vigente. Es más, el Ayuntamiento dispone de medios técnicos y humanos para realizar la tasación. Entonces ¿cuál fue el motivo para contratar un servicio externo? Pero la cosa no acaba ahí: la empresa contratada realizó la tasación por debajo del valor que se aplicó por parte de los propietarios para la venta de los mismos terrenos a Mapfre Inmobiliaria: una cantidad que varía entre los 1.800 y 2.300 euros/m² frente a los 1.140 euros/m² que se tasaron para el Ayuntamiento. En total, se supone que se dejaron de cobrar 15 millones de euros.
Y aquí no acaba todo: el Ayuntamiento ha contratado a un antiguo asesor de PSG y catedrático de la Universidad Carlos III, Luciano Parejo, que realizará un informe jurídico en el que basar la apelación para recurrir la sentencia judicial. Según algunas fuentes no especificadas en los periódicos, el informe podría costar otros 20.000 euros que saldrían de las arcas municipales, si bien está por confirmar, ya que otras fuentes informan de que dicho asesor tiene un convenio con el Ayuntamiento y recibe una cantidad anual para la realización de servicios como éste.
En resumen, nos encontramos con un Ayuntamiento que acepta dinero sin justificación en lugar de aceptar unos terrenos que le corresponden por cesión, que contrata con dinero público a una empresa externa para tasarlos teniendo que hacerlos con sus propios medios, de los cuales dispone, que acepta una tasación muy por debajo de mercado perdiendo 15 millones de euros, y que se puede dar el lujo de contratar a un asesor por otros 20.000 euros para que recurra todo lo que se ha hecho mal desde el principio. Y, lo que es más significativo, los integrantes de la Junta de Compensación de El Rosón son empresas vinculadas presuntamente a ex concejales socialistas, dato que explica todo lo demás.
Si todo ese dinero, el que se dejó de ganar y el usado para asesores externos, se gastara para otros fines, quizá no habría que subir impuestos, quizá no estarían tantas calles en estado total de abandono, quizá tendríamos mejores equipaciones en cada barrio, quizá se podrían crear puestos de trabajo... Y, por supuesto, si el suelo producto de las cesiones se usara para hacer vivienda pública, habría concordancia entre el pretendido interés por solucionar el problema del acceso a la vivienda para los más desfavorecidos, de que hace gala el gobierno municipal, y la cruda realidad, que muestra lo contrario