Rosa Díez: “España tiene la obligación de tener un protagonismo en esta materia”.
12 de marzo de 2009
Rosa Díez, diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, ha destacado hoy, en la Comisión de Exteriores -en la que ha defendido una proposición no de ley para incluir los delitos de terrorismo dentro del ámbito de la Corte Penal Internacional-, que dicha medida si bien tiene un efecto jurídico innegable tiene otro efecto, igualmente importante, de carácter simbólico y moral que no hay que obviar, máxime cuando hoy se cumplen cinco años del atentado del 11-M. “Estamos hablando de los crímenes más execrables, de delitos contra los derechos humanos y de los más indignos. Por estos y otros motivos, estos delitos, nunca deberían prescribir ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista humano”, ha afirmado.
Según la diputada, pese al avance logrado mediante la creación de la Corte Penal Internacional el 17 de julio de 1998 con el objetivo de actuar contra los responsables de crímenes internacionales y poner fin a su impunidad, el Estatuto de dicho tribunal no contempla, sin embargo, el crimen de terrorismo aunque en las negociaciones de la Conferencia de Roma se debatió esta posibilidad.
A juicio de Díez, su inclusión en el citado Estatuto se beneficiaría de la neutralidad que caracteriza a la Corte y contribuiría, por tanto, a una persecución más efectiva de los terroristas evitando que estos se refugiaran en un Estado que pudiera darles cobijo -negándose a juzgarles-, o impedir su extradición o, simplemente, fuera incapaz de juzgarles por no disponer de los medios suficientes. Además, según la diputada, esta medida impediría la prescripción de los crímenes de terrorismo, la impunidad de los terroristas y la consiguiente victimización secundaria de las víctimas.
A favor de esta medida, ha explicado Díez, se ha pronunciado tanto el Club de Madrid, con ocasión de la Cumbre celebrada en Madrid en 2005, como el Grupo de Trabajo sobre Naciones Unidas y Terrorismo que afirmó “que el terrorismo podría disminuir si la Corte Penal Internacional fuera competente para juzgar los crímenes más graves cometidos por terroristas”.
En este sentido, la Conferencia de Roma adoptó una Resolución que posibilitaba dicha inclusión por considerarlo una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Así, el art. 123 del Estatuto de la Corte se recoge la revisión del texto del Estatuto transcurridos siete años desde su entrada en vigor, un plazo que se cumple en el vigente año dado que la entrada en vigor del Estatuto tuvo lugar el 1 de julio de 2002.
Teniendo en cuenta que España no sólo padece desde hace décadas el terrorismo y sus secuelas, sino que ha jugado un papel preferente a la hora de articular su combate y la reparación a sus víctimas tanto en el seno de la ONU, de la Unión Europea como en otros foros internacionales y que pertenece al grupo de Estados que ha impulsado y defendido, sin ambages, la creación de la Corte Penal Internacional sería, a juicio de la diputada, “muy importante” dicha inclusión para evitar la impunidad de sus autores así como para asegurar la reparación y la justicia a las víctimas. “Tenemos la obligación de tener un protagonismo en esta materia”, ha dicho.
Por eso, dar el paso adelante y de cara a la Primera Conferencia de Revisión de los Estados Partes para examinar las enmiendas al Estatuto que tendrá lugar en 2009, la diputada ha solicitado el apoyo del resto de los grupos parlamentarios para sacar adelante la iniciativa.
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