jueves, 21 de enero de 2010

UPyD EXIGE RESPONSABILIDADES AL GOBIERNO MUNICIPAL TRAS LA SENTENCIA DEL TSJM SOBRE EL ROSÓN

El Ayuntamiento debe cumplir la sentencia y dar explicaciones.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ratifica la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 22 de Madrid, anula el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Getafe y la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución nº 1 de El Rosón, desestimando el recurso interpuesto por el Ayuntamiento y la Junta de Compensación contra dicha sentencia. Al anularlo, se empieza a restablecer la justicia en este oscuro asunto. Mediante este convenio, el Ayuntamiento renunciaba a las cesiones legales del 10% del aprovechamiento urbanístico, equivalente a 22.184 m2 edificables, sustituyéndolas por el cobro en metálico, con una valoración de 1.140 euros el metro cuadrado. La tasación del valor fue encargada por el Ayuntamiento, concretamente por la Concejalía del Área de Desarrollo Económico, a un tasador externo, obviando a los servicios técnicos municipales.
La sentencia anula dicho convenio por no darse el requisito legal de la imposibilidad de la cesión in natura, es decir, de los terrenos, para que sea legal la sustitución de la cesión de terreno urbanizado por su equivalente en dinero; considera, además, que se vulnera la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid en cuanto a los requisitos para la venta del patrimonio municipal de suelo, que establece la obligatoriedad del concurso para la venta de patrimonio municipal de suelo, y en cuanto a la forma en que se ha efectuado la valoración, no por parte de los servicios administrativos legalmente habilitados para ello sino mediante tasador externo, lo que considera “no cumple las mínimas garantías de transparencia y seguridad jurídica”.
No queda reflejado en la sentencia, pero es públicamente conocido, que la valoración efectuada por el perito externo estaba muy por debajo del valor de mercado en ese momento, como prueba el que semanas después la Junta vendiera los terrenos destinados a la cesión a un precio de 2.260 euros el metro cuadrado, generando sustanciosas plusvalías a los propietarios.
El cumplimiento de la sentencia, ineludible para el Ayuntamiento, va a suponer un perjuicio importante en estos momentos para las arcas municipales, es decir, para todos los vecinos, porque tiene que devolver los más de 26 millones de euros percibidos mientras que la recuperación de los terrenos se prevé litigiosa y complicada porque ya se vendieron a un tercer comprador de buena fe. Estas actuaciones no pueden atribuirse a error y, por lo tanto, exigimos que, paralelamente al cumplimiento de la sentencia, se asuman las responsabilidades políticas que corresponden a una actuación ilegal y se den explicaciones a los vecinos.