viernes, 26 de noviembre de 2010

La revolución magenta para Cataluña en diez puntos

1. No queremos una Cataluña normalizada, queremos una Cataluña normal. En la que no haya que pedir perdón por no ser nacionalista, regionalista o asimilado. En la que nadie sea considerado de fuera por no haber nacido aquí, no hablar catalán o no estar dispuesto a ser obediente con el establishment.

2. No queremos más competencias para el territorio ni para los políticos; queremos más autonomía para los ciudadanos.

3. No queremos más dinero, ni vía cupo ni vía chantaje nacionalista; queremos más justicia social, mejor distribución de los recursos, más cohesión.
4. No queremos más nacionalismo, ni más catalanismo, ni más “ismos” de ninguna clase. Queremos más libertad.

5. No queremos la Consejería de Educación ni ninguna otra. Queremos que la educación sea competencia del Estado. No queremos estar en el gobierno, queremos condicionar la política desde nuestra autonomía y desde nuestra libertad.

6. No queremos ser los jueces; queremos que la justicia sea independiente. Para combatir la corrupción hace falta que la justicia funcione de forma ágil e independiente, que no se constituyan sus órganos según cuotas partidarias.
7. No queremos ser la guinda de ningún gobierno, queremos condicionar cómo se gobierna.

8. No pactaremos con nadie que no esté dispuesto a cambiar la ley electoral. Es el sistema electoral el que pervierte el sistema democrático, por lo que cambiarlo es requisito imprescindible para regenerar la democracia.

9. Reclamamos la revisión de la Constitución para unificar y cerrar los techos competenciales de todas las CC.AA. A eso lo llamamos federalismo cooperativo. Esa reforma es imprescindible para que el Estado sea viable, justo, coherente, sostenible. En la España que queremos, todos los ciudadano han de poder disfrutar, al margen de la parte del país en que vivan, de dos derechos fundamentales que son innegociables: la igualdad jurídica y la libertad personal.

10. Nos comprometemos a revisar y suprimir todas las duplicidades y despilfarros del conjunto de las Administraciones Públicas, así como a iniciar un proceso de reducción del número de ayuntamientos, de forma que el tamaño de los mismos garantice servicios de mayor calidad prestados de forma más eficaz y eficiente.

miércoles, 24 de noviembre de 2010

El último atraco de la presidente Aguirre

Por: Joaquin Alvarez de Toledo

23 de Noviembre de 2010

La Presidente Aguirre, con ese profundo sentido democrático que le caracteriza, recurre una vez más a la Ley de Acompañamiento de la Ley de Presupuestos, para colar por la puerta de atrás una de las medidas más lesivas que se pueden imaginar para el interés público.

Ella y su corte de arbitristas sabe muy bien, para empezar, que metiendo estas modificaciones en la llamada, en el argot parlamentario, “Ley Escoba” soslaya los trámites requeridos en el proceso normal de tramitación legislativa, trámites que no son, precisamente, humo de pajas sino, todo lo contrario, uno de los pilares básicos del sistema democrático: la garantía de discusión efectiva de una Ley en la Cámara.

Eso en cuanto al procedimiento. Porque hay más, mucho más. ¿Qué es lo que se perpetra en realidad el Gobierno de la Puerta del Sol?: pues nada menos que eliminar de un plumazo el uso social que da contenido a las cesiones obligatorias a que se refiere el artículo 91.3 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Dice en su textualidad el citado artículo:

A estos efectos, para el sistema de redes públicas supramunicipales, deberá cederse a la Comunidad de Madrid, gratuitamente y libre de cargas, terreno en la cuantía de 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados construidos de cualquier uso. Del total de cada cesión, en sectores con uso característico residencial, deberá destinarse la tercera parte, como mínimo, a la red de viviendas públicas o de integración social.

A partir del momento en el que la apisonadora del Partido Popular imponga su criterio en la Asamblea, esto se acabó. "Los suelos integrantes de las redes supramunicipales cedidos a la Comunidad de Madrid tendrán la condición de bienes patrimoniales...", o, dicho de otro modo: los suelos de uso público destinados a usos sociales pasarán a ser bienes patrimoniales enajenables cuando así le parezca oportuno a la Señora Presidente para aliviar su situación financiera, para mantener el gasto corriente desproporcionado o para financiar cualquier iniciativa ajena a los intereses públicos: ¡tanto da para un gobierno liberal!.

A su amigo y compañero Alberto Ruiz Gallardón le insta a vender edificios, lo que es pura demagogia: ¿a quién vamos a vender el dislate de la Caja Mágica?. Lo suyo no es solo un dislate: es un atraco a los ciudadanos.

Publicado en la web de UPYD en Madrid