viernes, 12 de febrero de 2010

EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE NO PAGA A UNA CONSTRUCTORA MIENTRAS NO RECORTA GASTOS INNECESARIOS

La empresa constructora (INTERSA) Infraestructuras Terrestres S.A., con sede en Madrid, ha reclamado al Ayuntamiento de Getafe una deuda global de 546.530 € correspondiente a parte de pago por la construcción de una escuela infantil en el Bercial. Esta cantidad corresponde a la última certificación de obra de dicha escuela, terminada en mayo de 2008 y recibida por los servicios técnicos del Ayuntamiento en julio del mismo año.

La reclamación se tramitó oficialmente por la empresa en el mes de Septiembre de 2008 ante la concejalía de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Getafe y se desglosa de la siguiente manera:

273.189 € por la última certificación de obra.
99.309 € “ intereses de demora.
27.816 € “ gastos por medidas de morosidad en las operaciones
comerciales
46.912 € “ la garantía definitiva que se establecía en el contrato.

El Partido Popular pidió al Gobierno Municipal que pagara a la empresa. Como suele ocurrir con este partido, nunca reclama a la Comunidad de Madrid que se haga cargo de inversiones que le corresponden, como es el caso de esta escuela. No obstante, ya que el Ayuntamiento se hizo cargo de construirla, ante la dejación de responsabilidades de la Comunidad, no puede escudarse en las competencias para incumplir sus compromisos con una empresa que ha cumplido los suyos. Probablemente la falta de pago esté causando perjuicios a esta empresa y puede tener repercusión en el empleo que es un problema que en teoría parece preocupar mucho a los responsables del Gobierno Municipal. Lo que le corresponde hacer es contribuir a mantenerlo pagando sus deudas con las empresas contratistas y no haciendo pactos por el empleo, observatorios o lanzando falsas promesas. Cuando se están haciendo gastos superfluos como el de la subvención a la sociedad anónima Getafe, C.F. o el mantenimiento de un ejército de cargos de confianza espléndidamente retribuidos, no se puede alegar que no es posible pagar lo básico.

Otra reflexión que podemos hacer a raíz del caso es la de los perjuicios que causan al erario público(a los ciudadanos) los gastos por la demora en el pago, que encarecen notablemente el precio y esto nos lleva a concluir que estamos en manos de unos pésimos gestores de nuestros impuestos.