viernes, 26 de noviembre de 2010

La revolución magenta para Cataluña en diez puntos

1. No queremos una Cataluña normalizada, queremos una Cataluña normal. En la que no haya que pedir perdón por no ser nacionalista, regionalista o asimilado. En la que nadie sea considerado de fuera por no haber nacido aquí, no hablar catalán o no estar dispuesto a ser obediente con el establishment.

2. No queremos más competencias para el territorio ni para los políticos; queremos más autonomía para los ciudadanos.

3. No queremos más dinero, ni vía cupo ni vía chantaje nacionalista; queremos más justicia social, mejor distribución de los recursos, más cohesión.
4. No queremos más nacionalismo, ni más catalanismo, ni más “ismos” de ninguna clase. Queremos más libertad.

5. No queremos la Consejería de Educación ni ninguna otra. Queremos que la educación sea competencia del Estado. No queremos estar en el gobierno, queremos condicionar la política desde nuestra autonomía y desde nuestra libertad.

6. No queremos ser los jueces; queremos que la justicia sea independiente. Para combatir la corrupción hace falta que la justicia funcione de forma ágil e independiente, que no se constituyan sus órganos según cuotas partidarias.
7. No queremos ser la guinda de ningún gobierno, queremos condicionar cómo se gobierna.

8. No pactaremos con nadie que no esté dispuesto a cambiar la ley electoral. Es el sistema electoral el que pervierte el sistema democrático, por lo que cambiarlo es requisito imprescindible para regenerar la democracia.

9. Reclamamos la revisión de la Constitución para unificar y cerrar los techos competenciales de todas las CC.AA. A eso lo llamamos federalismo cooperativo. Esa reforma es imprescindible para que el Estado sea viable, justo, coherente, sostenible. En la España que queremos, todos los ciudadano han de poder disfrutar, al margen de la parte del país en que vivan, de dos derechos fundamentales que son innegociables: la igualdad jurídica y la libertad personal.

10. Nos comprometemos a revisar y suprimir todas las duplicidades y despilfarros del conjunto de las Administraciones Públicas, así como a iniciar un proceso de reducción del número de ayuntamientos, de forma que el tamaño de los mismos garantice servicios de mayor calidad prestados de forma más eficaz y eficiente.

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