A VUELTAS CON LA VIVIENDA

Recientemente hemos sabido que más de un 30 por ciento de solicitantes de vivienda protegida inscritos en la lista del Ayuntamiento para optar a una vivienda promovida por la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda(EMSV) han causado baja al ser llamados para la firma del contrato. La inmensa mayoría por no poder hacer frente al pago de la misma. A ellos habría que añadir aquellos solicitantes de esa misma lista que fueron derivados por el Ayuntamiento a las oficinas de cooperativas y otros promotores adjudicatarios de suelo en Los Molinos y Buenavista, muchos de los cuales han renunciado también por la misma razón. Aunque no hay datos para estos últimos, cabe suponer que, sumados, el porcentaje de bajas aumentaría.

No nos sorprende que, teniendo que hacer un desembolso inicial de 25.680 euros en el plazo de 3 semanas, las bajas sean numerosas. A ello hay que añadir que en el contrato que han debido firmar los compradores se establece que la EMSV se reserva el derecho a quedarse, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, con el 30 por ciento de las cantidades aportadas por los compradores que posteriormente renuncien a la vivienda. Vivienda, por cierto, de la cual ignoran sus características básicas tales como superficie, situación o número de dormitorios, lo que hace que esa cláusula, además de abusiva, sea de dudosa legalidad.

Lo que más llama la atención del plan municipal de vivienda es que, siendo el suelo propiedad del Ayuntamiento, resultado de las cesiones legales que le corresponden en los desarrollos urbanísticos, las viviendas tengan precios similares a las de los promotores privados que han debido hacer frente al pago del suelo y, además, que las aportaciones iniciales de los compradores sean de una cuantía tan elevada, teniendo en cuenta que éstas van destinadas al pago del suelo, que es el primer gasto importante de cualquier promoción. Ya sabemos que la EMSV paga el suelo al Ayuntamiento, pero recibe del mismo la dotación presupuestaria para pagarlo. Por lo tanto, esa aportación inicial irá destinada a otros gastos de la promoción que se producirán en el desarrollo de la misma, no inmediatamente. ¿Por qué, entonces, esa entrada tan elevada al firmar el contrato que ha forzado a tantos solicitantes a darse de baja? Esto no nos cuadra.

Al menos, podrían reconocer que no están desarrollando ningún plan social de vivienda. Su comportamiento es el de cualquier empresa privada, con el añadido de que se trata de una empresa privilegiada que recibe del Ayuntamiento la dotación para el pago del suelo, que, por cierto, pertenece al Ayuntamiento. Rocambolesco y todo menos social. Para tratarse de un plan social ( que sería lo propio porque las cesiones legales están concebidas para facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos), el suelo debería cederse gratis, en derecho de superficie, o, preferiblemente, destinarse a viviendas en alquiler con opción a compra. Esto sí solucionaría el problema de los demandantes de vivienda en Getafe, la mayoría con salarios que hacen imposible la compra de una vivienda, incluso de protección pública básica. El Plan Vivienda Joven de la Comunidad, con 1.100 viviendas previstas en esos barrios en la modalidad de alquiler con opción a compra, es claramente insuficiente para la necesidad existente.

Para hacer vivienda pública hace falta dotación presupuestaria porque los alquileres no amortizan el coste sino a muy largo plazo, se nos puede decir. Echemos un vistazo al presupuesto para 2009 y veremos que hay partidas muy infladas o superfluas para gastos de los que la mayoría de los getafenses prescindirían a gusto a cambio de ver resuelto el problema de la vivienda. Pero esto del presupuesto merece tratamiento aparte.