domingo, 14 de marzo de 2010

LAS EMPRESAS PÚBLICAS, UN MODELO POLITIZADO

UPyD viene defendiendo una adecuada separación entre la Administración Pública y la Política. Desde esta visión hemos reclamado para nuestro municipio la eliminación de los cargos de confianza que en nuestro municipio suponen, según datos del sindicato CCOO, unos tres millones de euros a las arcas públicas del consistorio getafense.

Profundizando en esta línea, ampliamos esta propuesta para incluir a las empresas públicas. Como todos conocemos, en nuestro municipio tienen ese rango GISA (Getafe Iniciativas Sociedad Anónima), LYMA (Limpiezas y Medio Ambiente) o la EMSV ( Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda). Estas empresas son dirigidas no sólo por un consejo de administración formado por los diferentes miembros del Pleno Municipal, como corresponde a su rango, sino que los mandos intermedios de dichas empresas también son personas vinculadas a los partidos políticos tanto del Gobierno Municipal como de la oposición.

En los documentos aprobados en el último Congreso de UPyD encontramos la propuesta de evitar que los partidos utilicen las instituciones como “agencias laborales” para dotar de empleo a sus militantes. En la misma línea de despolitización del servicio público, el programa electoral con el que UPyD concurrió a las elecciones de 2008 propone un modelo de Administración Pública separada de la política, “profesional, transparente, responsable, evaluable, eficiente y eficaz, lo que es compatible con ser muy exigentes con la mejora constante de la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos, así como en la garantía de unas condiciones de acceso objetivas y rigurosas”. Este es el modelo que establece nuestra Constitución en su artículo 103.1.

Por ello, entendemos que los niveles de politización de las empresas públicas en Getafe vulneran la necesaria separación entre Administración y partidos políticos y defendemos la creación de mecanismos de control en los procesos de selección en estas empresas, así como la autonomía de gestión de los gerentes de estas empresas públicas cuyas actuaciones solo deben estar sujetas al control político del máximo órgano de decisión municipal, el Pleno.

Por último, no podemos dejar de mencionar otro aspecto mejorable en el funcionamiento de las empresas públicas: el reparto de tareas entre los socios de Gobierno PSOE e IU ha dado lugar a duplicidades entre las funciones de algunas concejalías y las empresas públicas de su área. Por ejemplo, en el reparto de las competencias entre la Concejalía de Medio Ambiente y la empresa LYMA se producen duplicidades o no está clara la distribución de funciones y el trasvase de cargos de confianza entre concejalías y empresas públicas es evidente. Por ello defendemos que se desvincule la gestión de las empresas de la dirección política de la misma, dotando a estas empresas de autonomía de gestión para llevar a cabo los objetivos fijados.

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